martes, 25 de octubre de 2011

AUDIENCIA TEMATICA: ACCESO A LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES

 Comunicado de Prensa
Hacia la igualdad y no discriminación









AUDIENCIA TEMATICA: ACCESO A LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS, CAMPESINAS, AFRODESCENDIENTES Y DE SECTORES RURALES

Para el  25 de octubre de 2011, durante su 143º período de sesiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, ha convocado a CLADEM, Ação Educativa, CLADE, CBDE, IGLHRC América Latina, INSGENAR y REPEM, a participar en la Audiencia tematica “Acceso a la educación de las mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes y de sectores rurales” solicitada en el marco de la Campaña de Educación No Sexista y Antidiscriminatoria impulsada por CLADEM desde el año 2009 en alianza con redes y organizaciones de la región.

En este espacio, denunciaran que en América Latina y el Caribe, aún persisten numerosos factores de discriminación por género en la educación y que ésta se combina con otras como el hecho de ser pobres, indígenas, campesinas, afrodescendientes, lesbianas, migrantes o desplazadas, convirtiéndose así en discriminación múltiple, reproduciendo el sistema educativo patrones socioculturales sexistas.

Se enfatizará que las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas no solo tienen menores niveles de acceso a la educación y de permanencia en el sistema; también son ignoradas por los Estados como agentes importantes en las políticas educativas, a pesar de los compromisos asumidos de garantizar su participación en el diseño de los programas. Uno de los problemas urgentes que se enfrenta a nivel educativo, es la falta de educación intercultural con perspectiva de género.

Se pondrá de manifiesto que la violencia contra las niñas y adolescentes y el acoso sexual en las instituciones educativas, son otra barrera importante para la permanencia en el sistema educativo. Igualmente abordarán que los patrones culturales de iniciación sexual y constitución de hogares afectan más dramáticamente a las mujeres con menor nivel educativo y que el embarazo es un factor que incide en la deserción escolar, así como la presión familiar para la generación de ingresos y la asunción de responsabilidades domésticas.

En atención a esta situación las organizaciones participantes solicitarán a la CIDH, entre otras cosas, que incluya en el comunicado de prensa de estas sesiones, su preocupación por la situación de discriminación y desigualdad en la educación que existe en la región, especialmente para las niñas y mujeres indígenas, afrodescendientes y de sectores rurales. Además solicitaran que los Estados generen información estadística para monitorear la reducción de brechas en la educación, debiendo adoptar medidas apropiadas y eficaces, incluyendo el aumento del presupuesto en educación, así como también, políticas educativas y planes concretos para desarrollar la educación intercultural y no sexista, en articulación con la sociedad civil.

Para mayor información sobre la audiencia
Visitar los links:
Calendario de Sesiones: http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2011/107-11sp.htm
Vea la sesión en vivo el día de mañana en el Salon Padilha Vidal 3:15 a 4:15 pm http://www.oas.org/es/centro_noticias/webcast_agenda.asp

domingo, 23 de octubre de 2011

Recursos, instalaciones y servicios básicos en las escuelas primarias de américa latina. Otra forma que asume la desigualdad educativa.

Etiquetas: Educación primariaCalidad educativaPerfil de la población escolarizada

En el CUADERNO 07 Lucila Falus y Mariela Goldberg centran la mirada en la situación de las escuelas primarias de los países de América Latina en relación a cómo están equipadas en servicios básicos, instalaciones y recursos didácticos que se consideran importantes para el aprendizaje. En este sentido, para que los niños puedan ejercer el derecho a una educación de calidad que se encamine a favorecer su desarrollo integral, es importante que la vida escolar se despliegue en un ámbito adecuado de salubridad e higiene, con condiciones de infraestructura óptimas, donde los docentes y personal de conducción cuenten con espacios apropiados para el trabajo conjunto y para las tareas de planificación, donde los niños gocen de espacios e instalaciones propicios para realizar actividades artísticas, deportivas y científicas. Este trabajo se propone realizar una descripción de las escuelas de América Latina en relación a los recursos materiales de los que disponen. Específicamente se analiza cómo están equipadas en servicios básicos -agua potable, luz eléctrica y servicios sanitarios- el tipo de instalaciones y espacios que facilitan el aprendizaje y la gestión, y por último cómo están dotadas en recursos didácticos, tanto tecnológicos como tradicionales. Con apoyo de las herramientas estadísticas del análisis multivariado, se elabora una tipología de escuelas a partir de la cual se puede distinguir a las mejor equipadas, las escuelas con mayores carencias y aquellas parcialmente equipadas con distintas situaciones de carencias.

jueves, 20 de octubre de 2011

Escuelas, rajadas en acceso a baños y agua potable


Que dirá la Ministra de Educación? que una letrina es igual a un baño? y los recursos didácticos? la salud y la higiene?Es más importante la guerra que la educación, un soldado cuesta $18 millones y para un estudiante de la U pública $3.5 millones, Otro de tantos  motivos para protestar, crece la desigualdad en el País entre lo rural y urbano, si así nos han tratado en la primaria...! y la Convención de los Derechos del niño? y las niñas? y las y los docentes? y la tecnología?


Vivir |17 Oct 2011 - 5:56 pm

Dice estudio del BID sobre Colombia

Escuelas, rajadas en acceso a baños y agua potable

Por: Redacción Vivir

Los países centroamericanos tienen los peores indicadores en infraestructura escolar, lo que está directamente relacionado con el desempeño de sus estudiantes. Colombia estuvo en la media.

Las diferencias entre las instituciones rurales y las urbanas son 
las más marcadas, especialmente en acceso a salas de computador y 
espacios deportivos.  / Archivo
Las diferencias entre las instituciones rurales y las urbanas son las más marcadas, especialmente en acceso a salas de computador y espacios deportivos. / Archivo


¿Tiene alguna relación el rendimiento académico de un estudiante con las instalaciones físicas de la escuela a la que asiste? Un ‘sí’ contundente es la respuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que acaba de revelar los resultados de un estudio en el que midió la relación entre infraestructura y aprendizaje en las escuelas de educación básica de América Latina. La conclusión: quienes asisten a instituciones con buenas condiciones de infraestructura superan por varios puntos porcentuales los rendimientos de estudiantes en edificios de calidad inferior.
En la región el peor panorama lo presentan los países de Centroamérica (exceptuando Costa Rica), República Dominicana, Paraguay y Ecuador. Al otro lado de la balanza, con los mejores escenarios, se ubicaron Chile, Argentina y Uruguay. ¿Y Colombia? El informe señala que aunque el país obtuvo unos puntajes medios en la mayoría de las variables estudiadas (servicios públicos, áreas de esparcimiento y aprendizaje) “más del 70% de las escuelas en el país reporta déficit de baños para los alumnos”.
Si por regiones ya se ve una marcada diferencia, la brecha es aún mayor cuando se hace el análisis entre las instituciones urbanas y rurales, y entre las públicas y privadas. Por ejemplo: mientras el 81% de las escuelas urbanas privadas tienen sala de computadores, menos del 13% de las rurales cuentan con ella; así mismo, mientras casi todas las escuelas urbanas y privadas tienen acceso a agua potable, electricidad y teléfono, sólo el 65% de las rurales tienen agua potable, 80% electricidad y 17% conexión telefónica.
Jesús Duarte, especialista principal de educación del BID, resaltó que si bien los gobiernos latinoamericanos le han prestado especial atención a la ampliación de la cobertura escolar y han tenido éxito en esta tarea, tienen ahora el deber de enfocarse en “las edificaciones de esas escuelas y en los recursos físicos que éstas tienen para mejorar los aprendizajes. Allí hay muchos esfuerzos aún por hacer”.
El estudio, que tuvo en cuenta a 200.000 alumnos de tercer a sexto grado en 3.000 escuelas de 16 países de la región, arrojó conclusiones como estas: cerca de 88% de las escuelas no tienen laboratorios de ciencias, 73% no tienen comedor, 65% no poseen salas de computadores, 63% no cuentan con espacios de reuniones ni oficinas para los profesores, 40% no tienen biblioteca y 35% ningún espacio para deportes.
Y hay conclusiones más alarmantes: una de cada cinco escuelas no tiene acceso a agua potable y dos de cada cinco no tienen desagüe sanitario; un poco más de la mitad no tienen línea telefónica y un tercio tiene insuficiencias en el número de baños; uno de cada 10 establecimientos escolares no tiene electricidad.
Si el panorama se mide por países podría concluirse que: en Colombia hay “rezagos importantes” en el acceso al agua potable, al igual que en casi todos los países centroamericanos (menos Costa Rica), Perú, Ecuador y Paraguay. Cuba y Chile son líderes en la implementación de tecnología (más de 90% de las escuelas tienen salas de cómputos). Colombia, Perú y Ecuador, lideran las naciones con déficit de baños para los alumnos. Sólo en Argentina (una de cada tres escuelas) y Chile (una de cada cinco) hay fuerte presencia de salas de arte o música.
Según la concejal de Bogotá Martha Ordóñez, quien lleva meses estudiando esta problemática en la capital, los resultados del BID son fieles a nuestras realidad. “Las carencias en la infraestructura de las escuelas fueron uno de los argumentos que los padres dieron el año pasado para argumentar la cifra de deserción en Bogotá, que llegó a 35.800 menores. Una parte importante de la calidad de vida es que las escuelas provean lo mínimo: buena iluminación, que los espacios estén bien oxigenados, servicios de baños suficientes... es lo que exige la ley”.


    lunes, 17 de octubre de 2011

    Que no se tomen vocerías que no les corresponde

    En el siglo XXI la historia recordará que estuvimos a punto de retroceder más de 100 años en los derechos de las MUJERES, gracias a toda clase de desinformación, especulaciones y mentiras, como las que usan en el Colegio Álvaro Camargo ETB, en donde nos presentan videos que hasta el Congresista ROY BARRERAS médico de profesión, los descalificó por mentirosos y eso solo para producirnos miedo, porque siempre la educación ha sido sobre el miedo y el terror, pero no, ahora tenemos medios tecnológicos para saber que lo que nos dicen las "cuchas" profesoras esta desactualizado.  

    "El aborto terapéutico es ético" Por: Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador El sacerdote jesuita Carlos Novoa, doctorado en Ética, analiza como religioso y como científico la propuesta de prohibir en cualquier circunstancia el aborto en Colombia.


    Cecilia Orozco Tascón.- ¿Los deberes éticos que nacen de la teología se le pueden imponer a una sociedad entera?
    Padre Carlos Novoa- No, de ninguna manera. El Concilio Vaticano II, del cual vamos a celebrar en 2012 los 50 años de su iniciación, mencionó expresamente la libertad religiosa. En la declaración Dignitatis humanae (Dignidad humana) el santo Concilio dice, acerca de la libertad religiosa, que a ninguna persona se le puede imponer una religión. Dicho de otra manera, a nadie se le puede violentar su conciencia, mucho menos en materia de asuntos religiosos. Adicionalmente, la Constitución del 91 que estableció que Colombia es un Estado Social de Derecho, también declaró que es un Estado no confesional. Estos son los marcos de la discusión sobre el aborto.
    C.O.T.- ¿Se puede violentar la conciencia de otros con el argumento de que priman las creencias religiosas del grupo más numeroso o el más poderoso?
    P.C.N.- Jamás se puede violentar la conciencia del otro.
    C.O.T.- ¿Usted está de acuerdo con el proyecto primero legislativo, y en el futuro mediante referendo, que pretende hacer aprobar la prohibición absoluta de la práctica del aborto en contravía de una decisión de la Corte Constitucional?
    P.C.N.- Evidentemente la sociedad civil tiene derecho a debatir todos sus puntos de vista y a los católicos también nos asiste el derecho de intervenir, aunque no con argumentaciones religiosas. Pese a que como dice el gran maestro de la ética contemporánea Jürgen Habermas, hay que oír las religiones, esta discusión debe ser secular. Como sacerdote y al mismo tiempo como hombre de ciencia, resumiría la situación del debate sobre el aborto diciendo que estamos cargando las tintas donde no hay que cargarlas…
    C.O.T.- ¿Por qué?
    P.C.N.- Porque el problema del aborto no se soluciona con la prohibición ni encarcelando a nadie. No podemos manejar de cualquier manera lo que implica ese drama, ni podemos asimilarlo a un homicidio que se comete con premeditación y alevosía. Ese planteamiento no tiene presentación desde la óptica de la ética teológica, de la ética filosófica o de la jurisprudencia, porque en la mayoría absoluta de los casos el aborto es un drama que se presenta cuando las mujeres se quedan sin otra alternativa.
    C.O.T.- Esa afirmación en labios de un sacerdote católico suena fuerte. ¿Es su opinión personal o tiene un fundamento teórico que lo sustente?
    P.C.N.- Claro que sí: de nadie más ni nadie menos que Juan Pablo II. En su encíclica Evangelium vitae (Evangelio de vida, N° 17) dice textualmente: “Las opciones contra la vida —entre ellas el aborto, añado yo— proceden, a veces, de situaciones difíciles o incluso dramáticas de profundo sufrimiento, soledad, falta total de perspectivas económicas, depresión y de angustia por el futuro. Estas circunstancias pueden atenuar incluso notablemente la responsabilidad subjetiva y la consiguiente culpabilidad de quienes hacen estas opciones en sí mismas moralmente malas”. Así que desde la concepción de Juan Pablo II no se puede ver el drama del aborto simplemente con soluciones de cárcel, de penalización o de castigo.
    C.O.T.- Cuando usted dice que “se están cargando las tintas” en donde no hay que hacerlo, ¿se refiere a la “atenuación de la responsabilidad” de la que habla Juan Pablo II en la cita que menciona?
    P.C.N.- Exactamente. No conozco a la primera mujer a la que le encante abortar. Creo que todos estamos de acuerdo en que el aborto no es ideal. Pero hay que comprender humanamente “las situaciones difíciles o incluso dramáticas y de profundo sufrimiento” que enfrenta una mujer angustiada y sola.
    C.O.T.- ¿Cuál es su opinión sobre los promotores del proyecto de prohibición y penalización total del aborto que ahora intentarán hacer un referendo?
    P.C.N.- Hay que decir la verdad: tenemos entre los promotores de ese proyecto a un grupo de personajes de la más dudosa reputación. Ellos son como el diablo que pretende hacer hostias. No sé con qué cara los señores del PIN, a los que conoce bien la opinión pública, hablan de ética. Concreto más: ¿qué autoridad moral tienen algunos de los actuales congresistas del Partido Conservador para meterse a agitar esa bandera? Por ejemplo, ¿qué hace ahí el señor Corzo que se quejaba hace unos días de que no tenía dinero para la gasolina de su vehículo y el de sus escoltas, mientras que Planeación sostiene que quien gane $190.000 al mes está por encima del nivel de pobreza? ¡Qué cinismo el de los partidos que votaron por ese proyecto y que simultáneamente tienen a varios de sus miembros encarcelados por la narcoparapolítica!
    C.O.T.- ¿Cree que los prohibicionistas están buscando limpiar su imagen ante la población creyente del país?
    P.C.N.- Claro que lo creo. Esos políticos quieren lavarse la cara y aparecer como muy católicos y cristianos para recoger votos a costa del dolor de muchas mujeres.
    C.O.T.- Los extremismos de cualquier creencia, ¿promueven o le hacen daño a la religión?
    P.C.N.- Les hacen daño no sólo a las religiones, sino también a la sociedad.
    C.O.T.- ¿Qué reflexión se hace usted ante el hecho de que el gran promotor de ese proyecto sea el procurador general de la Nación, que parece velar por los derechos sólo de aquel sector de la población que comparte creencias con él?
    P.C.N.- No comparto muchas de las argumentaciones del procurador, pero es necesario hacer una claridad: nadie quiere incentivar la práctica de los abortos. Todos estamos de acuerdo en que es un drama que hay que evitar. Hay una gran polémica sobre el momento en que surge la vida humana y yo, como hombre de ciencia, no me puedo cerrar a la discusión y tengo que reconocer que hay argumentos muy serios en uno y otro sentido. Sin embargo, usted lo ha señalado: el problema de fondo es que se está moviendo una agenda muy sutil de tergiversación de la sensibilidad católica.
    C.O.T.- ¿Cuál de las posiciones sobre el momento en que hay vida humana asume usted?
    P.C.N.- La de la Iglesia, que dice que hay vida desde la fusión del óvulo y el espermatozoide, que es, al mismo tiempo, una postura científica seria dentro de muchas otras. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con el aborto y eso debe quedar claro. Pero al mismo tiempo, tampoco estoy de acuerdo con el encarcelamiento y castigo para las mujeres que abortan.
    C.O.T.-. Vuelvo al tema del procurador: con su autoridad, él ejerce presión sobre la conciencia de las mujeres, pero también sobre las de los médicos y las clínicas a los que, además, amenaza con investigaciones. El ejercicio del poder en esas condiciones, ¿no llega a ser abusivo y en consecuencia inmoral?
    P.C.N.- En términos generales, diría que no se debe cultivar un ejercicio punitivo del poder ni tampoco incentivar las caserías de brujas frente a todas las situaciones de conflicto, como es el tema del aborto. En concreto, pienso que no es papel del procurador imponer posturas éticas en temas absolutamente polémicos. En este sentido, se daría un abuso de autoridad y de poder.
    C.O.T.- ¿Un tema con tantas implicaciones científicas y de salud pública puede decidirse en un referendo popular?
    P.C.N.- Esa respuesta no se puede dar en sentido general, sino que es necesario ubicarse en el momento cultural colombiano. Si hubiera educación sexual integral de la población en sus tres niveles, es decir, el psicológico, el fisiológico y el espiritual, la gente sería capaz de decidir con pleno conocimiento del tema. Lamentablemente la situación en Colombia no es la ideal para plantear ese tipo de problemas en las urnas.
    C.O.T.- La Corte ha dicho, y se mantiene vigente su orden, que es posible abortar en tres casos específicos…
    P.C.N.- Hay que afinar el argumento que algunos tergiversan: la Corte lo que ha hecho es despenalizar el aborto en tres situaciones extremas: violación, malformación y pocas posibilidades de vida del feto, o peligro para la vida de la madre. No es cierto que haya dicho que el aborto es legal.
    C.O.T.- ¿Usted está de acuerdo con esa sentencia de la Corte?
    P.C.N.- Es una pregunta muy compleja. A la comunidad católica no le resulta clara esa sentencia de la Corte Constitucional. Como sacerdote tengo que decir que no estoy de acuerdo, pero como ciudadano pienso que es respetable.
    C.O.T.- ¿Cómo se resuelve el dilema desde el punto de vista de la ética teológica: la vida de la madre o la vida del hijo? ¿Es preferible que ella muera para que viva el hijo?
    P.C.N.- Técnicamente hablando, usted está refiriéndose al aborto terapéutico que es el que se practica por razones médicas. Por ejemplo, un embarazo extrauterino, o sea el que se desarrolla en las trompas de Falopio, pone en riesgo la vida de la mujer. Pero del otro lado allí hay vida humana, según corrientes muy serias de la biología, la genética y la medicina. Su pregunta entra, entonces, en un campo muy delicado de la ética que tiene que ver con el bien moral más valioso, el de la vida humana que hay que proteger de manera especial. No obstante, ese bien no es un absoluto. Por eso se puede decir que el aborto terapéutico es ético.
    C.O.T.- ¿Cómo así que la vida humana no es un bien absoluto?
    P.C.N.- Un absoluto ético es aquel horizonte contra el cual yo no puedo actuar jamás. Los absolutos éticos en el consenso mínimo universal son la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Personales y Sociales de 1948: la dignidad de la persona humana y la solidaridad. Nadie puede actuar en contra de esos absolutos. En cuanto a la vida humana, debo protegerla, pero hay ciertos momentos en que puedo actuar contra ella. Por ejemplo, en legítima defensa personal. O en el ejercicio del monopolio de las fuerzas por parte del Estado, aunque ajustado, claro está, al Derecho Internacional Humanitario. O por una causa superior, como la de Jesucristo, que puso en peligro su propia vida por la humanidad. En esos momentos surge un paradigma ético que consiste en la ponderación de los bienes morales, en este caso, el de la vida del cigoto y el de la vida de la madre. Prima el de la madre.
    C.O.T.- ¿Es éticamente aceptable que una mujer violada quiera abortar?
    P.C.N.- En ese caso nos encontramos con las situaciones límite de que nos habla Juan Pablo II. Yo la invitaría, la comprendería y le pondría terapia psicológica para que se quede con la vida. Le proporcionaría soluciones de última instancia, como la adopción. Pero en última instancia es ella quien tiene que decidir en conciencia lo que va a hacer. Lo dice el Concilio y lo dice la Constitución de Colombia.
    C.O.T.- Un médico católico común y corriente, que trabaja en un hospital público, ¿cómo debe actuar cuando llega una mujer para que le practique un aborto?
    P.C.N.- Debe examinar, oír a su conciencia y decidir.
    C.O.T.- ¿Cómo se decide en conciencia?
    P.C.N.- Cuando yo respeto la dignidad humana y cuando soy sinceramente solidario, todos mis comportamientos se orientan a las opciones que se toman en conciencia. Evidentemente si el médico es católico no va a creer que el aborto es el camino ideal, pero podrá evaluar si está ante una mujer que —parafraseando a Juan Pablo II— se encuentra en “una situación difícil o incluso dramática, de profundo sufrimiento, soledad, falta total de perspectivas económicas, de presión y de angustia por el futuro”. Esas circunstancias pueden atenuar “incluso notablemente la responsabilidad subjetiva y la consiguiente culpabilidad” del médico frente a esa tragedia terrible que es el aborto.
    Aborto, un tema para el campo constitucional
    El padre Carlos Novoa es licenciado en Teología y en Filosofía, con maestría y doctorado en Ética. Se especializó en ética sexual y en ética económica-política. Es profesor investigador en las facultades de Teología, Economía, Arquitectura y en el doctorado de Derecho. Ha publicado 13 libros y 50 artículos especializados.
    C.O.T.- ¿Los lectores no creyentes pueden interesarse en sus respuestas?
    P.C.N.- De una parte soy un hombre de ciencia y, de la otra, un sacerdote. No me puedo abstraer de lo uno o de lo otro, pero sí sé cuidar bien las diferencias.
    C.O.T.- ¿Un teólogo estudia la ética desde el punto de vista de los creyentes?
    P.C.N.- Esta ciencia tiene dos vertientes: una teológica, que evidentemente es para los creyentes, y una filosófica. Ambas son autónomas. He estudiado las dos y por eso sé que desde la ética teológica se les pueden hacer propuestas a los no creyentes. Éstos se mueven en la esfera de la ética filosófica.
    C.O.T.- ¿Cuál de esas dos es pertinente para discutir el intrincado tema del aborto?
    P.C.N.- En ese debate, que tenemos que resolver dentro del consenso constitucional, la única ética que cabe es la filosófica.
    "Aman tanto la moral que tienen dos"
    C.O.T.- Los políticos ultraconservadores que posan de religiosos, ¿representan a los católicos?
    P.C.N.- Van a contrapelo del núcleo del catolicismo que es el Evangelio. No me parece católica alguien dedicado al robo del erario o al narcoparamilitarismo. El Evangelio dice: “No he venido a buscar la muerte del pecador, sino a que se convierta y viva”. La perspectiva católica auténtica no consiste en castigar a las personas que están en dificultades. Usted no se imagina cuántas mujeres nos buscan a los sacerdotes para confiarnos el drama que viven. Y encima proponemos meterlas a la cárcel. Esa actitud no tiene nada de cristiana.
    C.O.T.- De todas maneras, ellos se tomaron las banderas del catolicismo…
    P.C.N.- Como dice Daniel Samper Ospina, esos personajes aman tanto la moral que tienen dos. ¿Por qué en vez de promover proyectos punitivos no le metemos una plata a un gran programa nacional de educación sexual? O, ¿no destinamos esfuerzos y recursos a disminuir una de las grandes causas del aborto que es la pobreza? ¿Por qué no atacamos las causas sociales que provocan, según cifras del Ministerio de la Protección Social, 300 mil abortos clandestinos al año, 70 decesos anuales y 132 mil víctimas de traumas físicos?

    domingo, 2 de octubre de 2011

    Carta abierta en rechazo a eliminar el aborto en casos extremos


    Carta abierta en rechazo a la iniciativa legislativa de reforma al artículo 11 de la constitución que busca eliminar el aborto en casos extremos

    BOGOTÁ, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011
    Señores, señoras Congresistas de la República de Colombia
    Considero que la iniciativa presentada al congreso colombiano para penalizar el aborto bajo cualquier circunstancia, lejos de atender la realidad, busca un debate ideológico en el que lo menos importante es el bienestar de las personas.
    Me preocupa observar cómo el tiempo para legislar que tiene el congreso, se gasta en discusiones que van en contravía del respeto a la vida, a la dignidad de las personas, a los derechos humanos y a los avances de la ciencia. Es lamentable que haga carrera la iniciativa de reformar el artículo 11 de la Constitución para “proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, y les explico algunos de los por qué:
    - La penalización del aborto no salva fetos, pero sí mata mujeres. Está visto por siglos que cuando una mujer toma la decisión de no tener un hijo, no hay pena en el Código Penal ni en la justicia divina, que la disuada. La ilegalidad sólo la obliga a acudir a procedimientos inseguros que ponen en peligro su vida o su salud. La penalización no es la solución.
    - El aborto es un asunto de salud pública. Según el informe recientemente presentado por el Instituto Guttmacher, una cuarta parte de los 400mil abortos que se practican al año en Colombia, tiene complicaciones. A mayor dificultad para acceder a servicios legales y seguros, las mujeres de menores recursos exponen más su vida. Más que un dilema moral, este es un asunto de justicia social.
    - Enfrentar, no prohibir. Interrumpir un embarazo no es una situación fácil, la disminución en la tasa de abortos es altamente deseable, tanto como la de los embarazos no deseados. La discusión debe estar en cómo mejorar la educación sexual, cómo garantizar el acceso universal a los anticonceptivos y cómo eliminar la violencia sexual. Una verdadera preocupación por el bienestar de los no nacidos debería buscar que se garanticen la atención prenatal gratuita a todas las colombianas que decidan tener hijos, los niveles nutricionales adecuados para ellas y los servicios de salud que aseguren su bienestar y el de su hijo o hija por nacer.
    - La dignidad de la mujer. Enviar a la cárcel a mujeres víctimas de violación o mujeres que buscan proteger su vida o su salud, es desconocer que la mujer es un ser humano plenamente digno que no puede ser tratada como máquina reproductiva de la especie humana.
    - Esta reforma no protege la familia. Las decisiones de tamaño y forma de la familia, que corresponden a quienes la integran, con esta reforma corren el riesgo de quedar en manos del Estado que podría, amparado en la protección de “la vida desde la concepción”, prohibir procedimientos como la fertilización in vitro. Grupos conservadores y religiosos lograron que esto sucediera en Costa Rica, único país en occidente donde este método de reproducción asistida es ilegal, bajo el argumento de que “una inmensa cantidad de embriones mueren en el proceso”. De igual manera, la Anticoncepción de Emergencia –AE y el Dispositivo Intra Uterino –DIU, podrían ser catalogados como abortivos y, en consecuencia, prohibirse.
    - Bloquea avances legislativos a mandatos constitucionales. La muerte asistida y el derecho a morir dignamente fueron declarados acordes con la normativa constitucional colombiana desde 1998; su reglamentación está desde entonces pendiente en el congreso colombiano. La protección de la vida “... hasta la muerte natural”, cierra de manera definitiva la puerta a desarrollo legislativo alguno en este tema, poniendo en riesgo el ejercicio de derechos a la autonomía y a una vida digna.
    Espero que mi firma de rechazo, y la de todas las personas que respaldamos esta carta, pongan freno en el congreso a la inclusión de una agenda moral que se presenta en abierta oposición con la realidad y con los principios laicos de nuestra Constitución.
    Firman,
    Mónica Roa
    http://www.estadolaico.info/Carta-abierta-en-rechazo-a-la?recherche_signatures=%2BFirma&recherche_
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    Sotanas legislando


    2 Oct 2011 - 


    Esta semana se inició el debate en la Comisión Primera del Senado sobre el proyecto de Acto Legislativo 06 de 2011 presentado por el Partido Conservador, mediante el cual se pretende modificar el artículo 11 de la Constitución, para proteger el derecho a la vida desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural.


    El proyecto busca acabar con las causales de despenalización del aborto determinadas por la Corte Constitucional en 2006, y con la eutanasia. La importancia de esta propuesta no solo radica en lo que sería una protección desproporcionada del valor de la vida —denegando la dignidad, la vida y la salud de las mujeres— sino también en el tipo de Estado que Colombia es y hacia dónde quiere apuntar.
    Dicho debate muestra la falta de seriedad por parte del Partido Conservador, que pretende sustentar el proyecto con información parcial, camuflando posiciones católicas en falsas afirmaciones científicas que impiden un debate serio sobre los alcances de la propuesta. Durante el debate el senador conservador Enríquez Rosero, ponente del proyecto, presentó un video con supuesta evidencia científica sobre el tema, en el que se presentaron imágenes falsas sobre el aborto. Como lo señaló el médico y senador Roy Barreras en el debate, las imágenes no corresponden con la realidad, ni con imágenes médicas de embriones ni fetos. Su presentación es un intento ruin de manipular a la opinión pública y a los senadores, que no tiene conocimiento médico para juzgar su veracidad.
    A su vez, en la exposición de motivos se presentaron como ciertas afirmaciones científicas sobre el momento en el que empieza la vida humana, sobre lo cual en realidad no existe consenso. Se presentó también información parcializada sobre las obligaciones internacionales del Estado colombiano, afirmando la existencia de protecciones absolutas a los derechos; y casos resueltos por la Corte Europea de Derechos Humanos para justificar la prohibición total del aborto, cuando en realidad sus providencias no son vinculantes para Colombia y además esa Corte ha establecido la necesidad de la ponderación de derechos.
    El proyecto omite consideraciones propuestas en el foro público organizado el pasado jueves por la senadora Gloria Ramírez, como la ponderación de derechos en conflicto, la realidad del aborto como un problema de salud pública e información científica y jurídica seria sobre su inconveniencia. Se ignoran también alcances de la propuesta tales como la prohibición de la fertilización in vitro, del uso de algunos anticonceptivos y anticoncepción de emergencia; y, por supuesto, de la desprotección total a los derechos reproductivos de las mujeres.
    Esta iniciativa en realidad pretende imponerles a los colombianos un aspecto de la moral católica a través de una reforma constitucional, que además no es compartida por todos los católicos. La Constitución estableció que Colombia es un Estado laico y reconoció la necesidad de aceptar la diferencia para convivir en un país pluralista. Esto incluye la libertad de cultos y por tanto la posibilidad de que las personas realicen su proyecto de vida conforme a sus derechos fundamentales y sus propias creencias. Ninguna confesión de fe puede ser la base de las políticas públicas y mucho menos formar parte de la Constitución. Cuando, como en este caso, el espíritu de una norma se apoya en creencias dogmáticas de la religión católica —que propenden por la protección absoluta del valor de la vida humana por encima de derechos fundamentales— y no en una ponderación y protección de los intereses constitucionales en juego, se cambia el espíritu de la Carta.
    Con la aprobación de este proyecto se sustituiría la Constitución para abandonar el Estado laico y pluralista; para pasar a un Estado confesional que obliga a los ciudadanos a construir sus proyectos de vida conforme a la fe católica, a pesar de que no todos la profesan. ¿Es ésta la visión que tiene el Congreso para Colombia?
    Y que decir de nuestra secundaria en donde nos obligan a esas clases de religión, no más estudio de la biblia MAS ESTUDIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA, antes que la acaben lo progresista y volvamos a la de 1886 no fue suficiente que en la de 1991 antes que naciéramos incluyeran el neoliberalismo como sistema político y económico, eso si es lo que deben cambiar por un sistema Humano.

    Ante la Corte Constitucional y los tribunales Procurador entutelado


    En lo que va del año el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, ha recibido cuatro tutelas. Las tres primeras fueron en defensa del Estado laico y lo acusan de hacer proselitismo religioso o de beneficiar un culto por encima de otros. Las tutelas se fundan en una serie de misas conmemorativas que ha realizado la Procuraduría en actos oficiales, en el oratorio que funciona en las instalaciones de la Procuraduría, que es un edificio público, y en la impresión y circulación de calendarios con contenido religioso y el nombre de la entidad. La última tutela fue interpuesta por un grupo de mujeres de varias regiones del país la semana pasada y le reclama al Procurador dar información verídica sobre los derechos sexuales y reproductivos, citando varias ocasiones en que las declaraciones oficiales de Ordóñez contradicen de manera flagrante mandatos constitucionales y acuerdos científicos.
    ¿Cuáles son los argumentos de estas tutelas? ¿Son procedentes? ¿Quiénes son las personas que entutelan al procurador? ¿Se trata de un asunto personal o de un desacato sistemático por parte de Ordóñez? Ernesto Convers, Germán Rincón Perfetti, Daniel Sastoque y Mónica Roa (vocera de la cuarta tutela) hablan de sus demandas y de las respuestas que han recibido por parte del Tribunal Superior y la Corte Constitucional.
    Ernesto Convers
    El 24 de mayo de 2011 Ernesto Convers, un abogado bogotano, interpuso una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para que el procurador se abstuviera de invertir recursos públicos en actividades que favorecieran una creencia religiosa específica (el catolicismo). En su tutela, Convers dice que en la Procuraduría se repartieron calendarios con el nombre del órgano estatal y el de “Semillas de Esperanza” y citas bíblicas del Nuevo Testamento. Convers también alega que la celebración de los 180 años de la Procuraduría fue un oficio religioso católico y que además se realizaron varios Te Deum, a los que asistió el presidente de la República, y finalmente, que en el cuarto piso de la Torre A de la Procuraduría hay un oratorio decorado con imágenes del culto católico, del que presentó un video.
    “Colombia es un Estado de derecho, constitucionalmente es un Estado laico y la laicidad busca garantizar la igualdad, la democracia, la participación, la pluralidad. Me parece monstruoso que un presidente de la República asista a un Te Deum de un 20 de julio e invite a los altos representantes de la Iglesia a hacer parte de la apertura de un Congreso. Eso no se había vuelto a ver desde 1991. Estamos echando para atrás, me parece injusto que la igualdad religiosa no se respete”, dice Convers.
    La Procuraduría contestó que los calendarios habían sido impresos por un grupo de funcionarios que reunieron dinero y no por la oficina pública. La tutela fue fallada en contra, alegando que si bien Colombia es un Estado laico, estas manifestaciones religiosas se inscriben dentro de lo cultural y por eso no son una amenaza contra el derecho de la pluralidad.
    Convers no está de acuerdo con el fallo. “¿Por qué vienen a decir que son aportes individuales de los funcionarios como personas? Me muero de la pena, pero yo como particular no puedo llegar a meterle una enramadita a la Casa de Nariño o al Congreso de la República. ¿Por qué está funcionando un oratorio en la Procuraduría? Sugirámosle al señor procurador que arme una discoteca, para que los funcionarios también tengan el derecho a bailar. Esas no son acciones de la gestión publica, ni rezar ni bailar; la gestión publica debe cumplir la Constitución y las leyes”.
    Germán Rincón Perfetti
    El abogado Germán Rincón Perfetti es conocido porque ha interpuesto cerca de 1.400 tutelas y dice haber ganado el 98% de ellas. Muchas de éstas han tenido que ver con derechos humanos, con derechos de la población LGBTI y también con el Estado laico. En esta ocasión interpuso una tutela contra el procurador por los mismos hechos que Convers, y dos más: que el 31 de mayo de 2010 se inauguraron las nuevas instalaciones del Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) y durante el evento se contó con la presencia de Juan Vicente Córdoba Villota, monseñor y secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia; y que el 16 de diciembre de 2010 se inauguró la sede de la Procuraduría Delegada del Ministerio Público en Asuntos Penales, con un sacerdote católico que realizó una bendición a las instalaciones.
    “Culturalmente no estamos en un Estado laico”, dice Rincón Perfetti y agrega: “Socialmente la gente considera legítimo todo lo que se hace desde lo público orientado a una religión. Por ejemplo, en los aeropuertos hay capillas, en el Congreso hay una capilla y está dedicada a un culto que tiene que ver con el libro de los cristianos, pero con una secta de los cristianos que es la católica. Por ejemplo, también hay un cristo en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia; esto no se puede, porque no respeta la igualdad de las religiones, favorece a un culto específico”.
    Una de las mayores molestias de Rincón Perfetti es que todas estas acciones se hagan con el dinero de sus impuestos, dice que el procurador hace proselitismo religioso y que sólo toma en cuenta sus interpretaciones de la Biblia católica. “No todas las religiones cristianas interpretan la Biblia de la forma en que la interpreta el procurador, hay iglesias cristianas que aceptan el matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo”.
    Uno de los mayores obstáculos para el Estado laico es que es difícil trazar la línea entre religión y cultura, por ejemplo, es sencillo argumentar que un cristo es ornamental y no simbólico. “El arte religioso se puede tener sin tener creencias”, dice Rincón Perfetti. “Las manifestaciones de la semana que los católicos llaman Santa son legítimas, pero nadie está obligado a rezar esa semana”. Una de las razones por las que la Corte Constitucional ha mantenido los festivos de origen religioso es que cada quien puede usar ese tiempo a su antojo, y nadie está obligado a un culto, aun cuando la mayoría se involucre en él. Sin embargo, añade Rincón Perfetti, “no se puede decir que como esta es la religión mayoritaria, eso legitima las acciones que se hacen frente a temas religiosos y el Estado. La democracia no se mide por el poder de las mayorías, sino por el reconocimiento y respeto de las minorías”. Muchas veces estos comportamientos se escudan en que han sido desde hace tanto tiempo que nos parecen el deber ser de las cosas. “Hay una naturalización de la violencia contra la mujer, ¿entonces hay que permitirlo? El hecho de que en Colombia esté naturalizado lo religioso no quiere decir que se deba permitir que se viole la Constitución”, concluye el abogado.
    Dice Rincón Perfetti que no se trata sólo del Procurador, esto sucede en muchas entidades públicas, y un fallo en contra de Ordóñez serviría como medida pedagógica desde lo simbólico, algo que tendría un efecto de onda respecto al comportamiento de todos los funcionarios públicos. Sin embargo, esta tutela también fue fallada en contra y la razón del Tribunal fue que el abogado no es funcionario de la Procuraduría, por lo tanto estas acciones no lo afectan directamente.
    Daniel Sastoque
    Daniel Sastoque es un funcionario de la Procuraduría que ha interpuesto dos tutelas contra el procurador, la última por la vulneración de sus derechos a la libertad religiosa, de cultos y de conciencia, así como al libre desarrollo de la personalidad y al trabajo.
    Sastoque también se queja de las imágenes religiosas que llenan la Procuraduría:
    “Hay dos espacios emblemáticos en la Procuraduría, que son el Auditorio Antonio Nariño, que es una sala para hacer presentaciones y al ingresar lo primero que se encuentra es un cristo católico. Si yo entro a la sala de audiencias disciplinaria, que es el otro espacio relevante, al lado del puesto donde las personas se paran a rendir testimonio está otro crucifijo, eso es hacerlo participante pasivo a uno de un culto”.
    Sastoque dice que desde que presentó esta demanda ha sido objeto de hostigamientos, muchos de ellos de contenido homofóbico. Ha recibido anónimos pidiéndole que “se cure” y dice ser objeto de malos tratos en la oficina que ocupa actualmente (la Procuraduría General de Cundinamarca). Allí ha recibido cartas anónimas en las que sus compañeros le dicen que si bien algunos funcionarios han sido nombrados por favores políticos, la mayoría están ahí por concurso y por eso le reclaman que “mientras usted disfruta protestando en su cubículo de trabajo, sus compañeras y compañeros reciben el mayor castigo en su vida. ¿Qué culpa tienen ellas y ellos de su vida? ¿No le da pena actuar de esa manera? Proteste en la calle, proteste fuera de la oficina de trabajo”.
    Sastoque, por su parte, dice que hay un grupo de funcionarios que pertenecen a Los Caballeros de la Virgen. Dice que uno de ellos, Mauricio Contreras, que a su vez tiene imágenes religiosas y una foto con el procurador en su cubículo, ha vandalizado su puesto de trabajo. “Yo había puesto en mi escritorio calcomanías de ‘Monseñor Procurador se equivocó de profesión’, arrancaron los stickers, violentaron la grabadora que yo tenía, y no ha pasado nada. Esta persona tuvo el descaro de colocar la bandera de la diversidad con el signo de prohibido en plena oficina, sin que pasara absolutamente nada”. Sastoque también dice que su puesto ha sido inspeccionado varias veces sin su presencia.
    La tutela referida al Estado laico fue rechazada por el Tribunal con el mismo argumento de todas las tutelas: que estos actos no son manifestaciones religiosas sino culturales. Sastoque también interpuso una tutela por “violación de muchos derechos, entre ellos la libre expresión, la discriminación y los tratos crueles y degradantes”. El funcionario dice que no ejerce en este momento el puesto para el que entró por concurso, orientado al trabajo en defensa de los derechos humanos, particularmente la población LGBTI. Hoy se encuentra ejerciendo funciones de derecho disciplinario. “Yo he argumentado que como defensor de derechos humanos me niego a atender derechos disciplinarios, porque considero que el derecho disciplinario al ser un derecho sancionatorio, esa persona que lo ejerce debe estar capacitada para hacerlo. ¿A ti te gustaría que yo te investigara en un caso delicado sin yo tener formación en eso?”.
    Mónica, Katherine, Ariadna, Ana, Marta, Liliana, Camila…
    La semana pasada se interpuso otra tutela contra el procurador Alejandro Ordóñez. En ésta, alrededor de 1.100 mujeres de varias regiones del país reclaman que el procurador se retracte por las mentiras que ha dicho públicamente y desde su cargo de funcionario público sobre los derechos sexuales y reproductivos.
    Mónica Roa, una de las voceras, explica que la tutela tiene dos partes: “El derecho principal que pedimos que se tutele es el derecho a la información, y luego elaboramos por qué, al violar ese derecho otros derechos fundamentales se ponen en riesgo. La información veraz confiable es un bien en sí mismo que se entiende como derecho fundamental y la información confiable es presupuesto de otros derechos. Por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad no puede ejercerse si tú no tienes información correcta para tomar tus decisiones y hacer tu plan de vida. Los derechos sexuales y reproductivos necesitan que uno tenga información para decidir cómo vivir su vida, cómo hacer uso de los servicios de salud y cómo ejecutar esas decisiones de manera autónoma”.
    La tutela documenta una serie de declaraciones falsas que ha hecho Ordóñez. Por ejemplo, que el postinor, la pastilla del día después, es un abortivo, cuando ha sido declarada por la OMS como un anticonceptivo. “Las opiniones del procurador tienen que ser explícitamente opiniones y la información que está contenida en sus actuaciones oficiales, o bien en comunicados de prensa, o bien en circulares que les envía a todos los funcionarios del Ministerio Público, debe ser verídica. Toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos habla de un límite a la libertad de expresión de los funcionarios públicos y de una exigencia de información cierta para garantizar la transparencia de la función estatal”.
    Además, la Constitución de 1991 consagra el derecho a la información como parte de la libertad de expresión en el artículo 20: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación”.
    Roa dice que el procurador ya ha recibido varias quejas disciplinarias, entre ellas una presentada por Womens Link hace más de año y medio, en las que se reclama que el procurador ejerza su trabajo de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, estas quejas disciplinarias no han tenido respuesta. “Cuando un funcionario público miente, por ser funcionario, esto se circula a través de los medios y crece la desinformación”. Esta desinformación es mayor en las regiones del país donde es más evidente la falta de implementación de nuevos derechos como la interrupción voluntaria del embarazo.
    La tutela cita la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano, 2010, párr. 67) para decir que “cuando el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas depende de que puedan conocer una información pública relevante, el Estado debe suministrarla de forma oportuna, accesible y completa (...) el derecho de acceso a la información es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos humanos (...)”. Los efectos de la desinformación son evidentes si se tiene en cuenta que según el informe Guttmacher Institute, presentado hace unas semanas sobre embarazo no deseado y aborto inducido en Colombia, se estima que en Colombia cada año ocurren 400.412 abortos inducidos (estimación promedio para 2008). Visto de otra forma, cada año una de cada 26 colombianas en edad reproductiva tiene un aborto.
    El informe también señala que en Colombia se presentan anualmente 911.897 embarazos no planeados, lo que significa 89 embarazos no deseados por cada mil mujeres de 15 a 44 años. Esta tasa es un 25% más alta que el promedio para toda América Latina y el Caribe. Cerca del 44% de estos embarazos termina en aborto inducido. Mientras tanto, casi dos terceras partes de las IPS que podrían prestar atención postaborto no lo hacen. De las 1.100 IPS en Colombia que potencialmente podrían prestar servicios postaborto, seis de cada 10 no lo hicieron en 2008.
    Lo que las mujeres que han interpuesto esta tutela esperan es que el procurador se retracte públicamente, pues una cosa son sus creencias personales y otra, divulgar información falsa y altamente peligrosa para la salud y la vida de las mujeres en edad reproductiva en Colombia.